Costa Rica está entrando en un debate que ya recorre otros países: ¿deberían los menores tener prohibido el acceso a las redes sociales?
La discusión ya llegó a la Asamblea Legislativa mediante diferentes iniciativas que buscan establecer límites de edad, exigir controles a las plataformas digitales y aumentar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos de internet.
Una de las propuestas más recientes, el expediente 25.336, plantea impedir que los menores de 14 años creen y utilicen cuentas en plataformas con interacción social. El proyecto fue presentado en diciembre de 2025 y recibió un dictamen unánime afirmativo en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia en abril de 2026.
Pero existe una pregunta que puede ser incluso más difícil que aprobar la propia ley:
¿Qué pasa cuando un menor decide ignorarla?
Costa Rica busca poner límites a las redes sociales
El proyecto de ley costarricense pretende establecer reglas específicas para el acceso de los menores a las plataformas digitales.
La propuesta establece una edad mínima de 14 años para crear y utilizar cuentas en plataformas con interacción social y contempla obligaciones para las compañías tecnológicas relacionadas con la identificación y seguridad de sus usuarios.
La intención es trasladar parte de la responsabilidad a las propias plataformas, evitando que la protección de los menores dependa exclusivamente de las familias.
No se trata, por tanto, únicamente de pedir a los padres que controlen qué hacen sus hijos en internet. Las empresas también tendrían que implementar mecanismos destinados a impedir que los menores que no cumplen con la edad establecida puedan utilizar determinados servicios.
Las redes sociales ya tienen edades mínimas
Aquí aparece un detalle que muchas veces queda fuera de la conversación: las redes sociales no parten de cero en materia de restricciones de edad.
Muchas de las plataformas más utilizadas ya establecen una edad mínima en sus propias condiciones de servicio.
Meta, por ejemplo, establece que los menores de 13 años no pueden abrir cuentas en Facebook, Instagram y Messenger. La compañía también dispone de herramientas específicas de supervisión para adolescentes y ha implementado configuraciones diseñadas según la edad del usuario.
TikTok, por su parte, establece que el servicio está disponible para personas de al menos 13 años, aunque existen diferencias según determinadas regiones. La plataforma también contempla procedimientos para detectar y eliminar cuentas cuando considera que pertenecen a personas que no cumplen con el requisito de edad.
En el ecosistema de Google ocurre algo similar. La compañía establece edades mínimas para administrar una cuenta según el país. En los países que no aparecen en su listado específico, la edad mínima general es de 13 años, mientras que en algunos países existen límites superiores.
YouTube también cuenta con mecanismos diferenciados para menores. Google ofrece cuentas infantiles supervisadas para niños que todavía no alcanzan la edad correspondiente para administrar su propia cuenta, permitiendo que los padres controlen determinados contenidos y funciones.
Entonces surge una cuestión importante:
Si las propias plataformas ya dicen que ciertas edades no pueden utilizar sus servicios, ¿por qué siguen existiendo cuentas de menores?
El problema no es solamente crear la regla
Esta es probablemente una de las partes más importantes del debate.
Una plataforma puede establecer en sus condiciones que el usuario debe tener determinada edad. Incluso puede contar con mecanismos para detectar cuentas que incumplen esa condición.
Pero establecer una edad mínima en los términos de servicio no significa que todos los usuarios que intenten registrarse necesariamente cumplan con ella.
El propio hecho de que las compañías dispongan de sistemas para detectar y eliminar cuentas de menores demuestra que el cumplimiento de las reglas de edad representa un desafío permanente. Meta, por ejemplo, ha explicado que elimina cuentas cuando identifica usuarios que considera menores de 13 años.
Por eso, una eventual legislación costarricense podría cambiar el escenario al convertir determinadas obligaciones de las plataformas en requisitos legales, en lugar de dejarlas únicamente como condiciones establecidas por cada compañía.
Una prohibición no significa que el acceso desaparezca
Aquí aparece otro de los principales obstáculos.
Una ley puede establecer que una persona menor de cierta edad no puede tener una cuenta en una determinada plataforma. Sin embargo, eso no significa que automáticamente todos los menores dejarán de intentarlo.
Las compañías pueden utilizar sistemas de verificación de edad y eliminar cuentas que incumplan las condiciones, pero cualquier mecanismo de control tiene que funcionar en la práctica.
Además, internet no desaparece porque una plataforma establezca una restricción.
Un menor que no pueda utilizar un determinado servicio podría intentar acceder a otro. Precisamente por eso, la regulación necesita mecanismos de aplicación y supervisión que vayan más allá de escribir una prohibición en una ley.
El verdadero problema: comprobar la edad
La edad mínima es relativamente sencilla de escribir en una norma.
Lo complicado es comprobarla.
Si una plataforma necesita determinar si un usuario tiene 12, 13, 14 o 16 años, debe contar con algún mecanismo para realizar esa comprobación.
Y ahí aparece otro debate: ¿qué información tendría que entregar un usuario para demostrar su edad y cómo se protegerían esos datos?
TikTok, por ejemplo, ya utiliza diferentes mecanismos de comprobación de edad en determinadas situaciones, que pueden incluir métodos de identificación o estimación de edad. La compañía también explica que elimina las cuentas cuando confirma que un usuario está por debajo de la edad mínima aplicable.
Por lo tanto, cualquier regulación costarricense tendrá que encontrar un equilibrio entre comprobar que el usuario cumple con la edad establecida y evitar que la solución genere nuevos problemas relacionados con la privacidad.
¿Quién controla lo que ocurre dentro de casa?
La respuesta tampoco puede recaer únicamente sobre las empresas tecnológicas.
Los padres, madres y encargados tienen un papel importante porque son quienes pueden establecer reglas de uso, conversar con los menores sobre los riesgos de internet y supervisar las aplicaciones y servicios que utilizan.
Esta responsabilidad familiar incluso aparece contemplada en algunas de las propuestas que han llegado a la Asamblea Legislativa, donde se plantean obligaciones de supervisión para los tutores y programas de orientación relacionados con la seguridad digital.
Por eso, una eventual legislación no debería interpretarse como una transferencia total de la responsabilidad hacia las plataformas.
Una aplicación puede bloquear una cuenta, pero no puede sustituir completamente a la familia.
¿Qué pasa si el menor rompe la regla?
Este podría ser uno de los mayores desafíos de cualquier regulación.
Imaginemos que Costa Rica establece una edad mínima de 14 años para determinadas plataformas. La ley puede obligar a las compañías a aplicar controles, pero todavía existiría la posibilidad de que un menor intente utilizar un servicio restringido.
La existencia de una norma no garantiza automáticamente su cumplimiento.
Esto es algo que ya ocurre con las propias reglas de las plataformas: existen edades mínimas, pero las compañías necesitan sistemas para detectar cuentas que podrían estar incumpliéndolas.
Por eso, el debate debería centrarse también en qué sucede después de detectar una cuenta que no cumple con la edad, quién debe intervenir y qué responsabilidad corresponde a cada parte.
Los padres no pueden quedar fuera de la ecuación
Aquí existe una diferencia fundamental entre regular el acceso y educar para utilizar internet.
Una plataforma puede limitar una cuenta. Una ley puede establecer una edad mínima. Pero ninguna de esas medidas enseña por sí sola a un menor cómo proteger su privacidad, reconocer situaciones de riesgo o actuar correctamente ante un problema en internet.
Ese trabajo requiere acompañamiento.
Los adultos responsables pueden establecer límites, revisar las herramientas de control parental disponibles, conversar sobre el uso de las plataformas y explicar por qué determinadas reglas existen.
Esto cobra todavía más importancia cuando se considera que algunas plataformas ya ofrecen sistemas de supervisión diseñados específicamente para padres y adolescentes. Meta, por ejemplo, dispone de herramientas de supervisión en Instagram, mientras que YouTube ofrece cuentas infantiles supervisadas mediante el ecosistema de Google.
Europa y Costa Rica están discutiendo un problema parecido
El debate costarricense coincide con una tendencia internacional en la que distintos gobiernos buscan establecer mayores controles sobre el acceso de los menores a las plataformas digitales.
En Europa también se han planteado restricciones relacionadas con la edad y obligaciones adicionales para las empresas tecnológicas con el objetivo de proteger a niños y adolescentes en internet.
La coincidencia resulta relevante porque Costa Rica está analizando algunos de los mismos problemas: edad mínima, verificación, responsabilidad de las plataformas y supervisión de los adultos.
¿Puede una ley solucionar el problema?
Probablemente esta sea la pregunta más importante.
Una legislación puede establecer límites y obligar a las empresas a implementar determinados controles. También puede establecer responsabilidades y crear herramientas de protección.
Pero ninguna ley puede garantizar por sí sola que un menor nunca intentará acceder a una plataforma restringida.
Y existe una realidad que no debería ignorarse: muchas plataformas ya cuentan con edades mínimas en sus propias reglas. El desafío es conseguir que esas restricciones sean efectivas y que los usuarios realmente cumplan con ellas.
Por eso, una nueva legislación no debería evaluarse únicamente por la edad que establezca.
También será necesario analizar cómo se verificará esa edad, cómo se protegerán los datos utilizados para comprobarla, qué responsabilidades tendrán las plataformas y qué papel tendrán los padres o encargados.
Costa Rica tiene un reto más grande que simplemente prohibir
El debate sobre las redes sociales no debería reducirse a una batalla entre quienes quieren prohibirlas y quienes quieren permitirlas.
El verdadero desafío está en determinar qué medidas pueden proteger a los menores, cómo se aplicarán, qué responsabilidades tendrán las plataformas y qué papel tendrán las familias.
Las principales plataformas ya tienen reglas de edad. Costa Rica ahora analiza si esas restricciones deberían estar respaldadas por una legislación nacional con obligaciones adicionales para las compañías.
Pero incluso con una ley, el problema no desaparecería automáticamente.
Poner una edad mínima en una norma puede ser relativamente sencillo. Conseguir que esa edad se respete en internet es el verdadero desafío.
Y en ese escenario, la responsabilidad no estaría únicamente en manos del Estado o de las redes sociales. También tendría que existir una participación activa de padres, madres y encargados, porque la protección digital de un menor empieza mucho antes de que una plataforma decida aceptar o bloquear una cuenta.
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